Soberanía de las Islas Malvinas: análisis del régimen sancionatorio de la Ley 26.659 a partir del nuevo enfoque gubernamental contra las amenazas a los recursos naturales de la República Argentina en el Atlántico Sur

Los cuatro anuncios

Uno. Un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659. Se firmó esa noche y se publicó al día siguiente: es el Decreto 868/2026, analizado en el punto 2.

Dos. Un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con destino a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y al incremento de capacidades en telecomunicaciones.

Tres. Un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que endurece las sanciones de la Ley 26.659.

Cuatro. La creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659. Javier Milei, cadena nacional del 3 de septiembre de 2026

El discurso identificó el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum con Rockhopper Exploration como socia, como el objeto inmediato de la medida, y anunció que se inhabilitaría a operar en territorio argentino a las empresas involucradas «directa o indirectamente» en proyectos en las islas, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.

Casa Rosada — Cadena Nacional sobre la Causa Malvinas, 03/09/2026

Datos de la norma

Firmado el 3 de septiembre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 4. Trece artículos y dos anexos. Se funda en las Leyes 19.549, 26.659 y 27.742, en el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72), en el Decreto 749 del 22 de agosto de 2024 y en la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional.

Su artículo 1 designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Los considerandos fundan esa atribución en que la aplicación de la ley requiere coordinación estrecha con la política exterior y la defensa de los derechos soberanos.

Boletín Oficial — Decreto 868/2026, 04/09/2026

El acto del artículo 4 y la resolución del artículo 6

La palabra «resolución» aparece en el decreto con dos sentidos que conviene separar. La apertura del sumario, que el artículo 4 manda disponer, requiere necesariamente un acto administrativo: produce efectos jurídicos directos sobre un particular, y por el artículo 11 de la Ley 19.549 adquiere eficacia con la notificación, que es la que hace correr el plazo de diez días del artículo 5. Detrás de cada uno de los sesenta sumarios existe, por lo tanto, un acto formal con número, fecha y expediente.

Pero es un acto de trámite: abre la instrucción y no decide el fondo. No es la resolución del artículo 6, que es la que archiva o sanciona. De esa diferencia se siguen tres consecuencias verificables. La primera es de publicidad: el artículo 7 manda publicar la resolución sancionatoria, no la apertura, lo que explica que no exista nómina oficial de los sesenta sujetos en el Boletín Oficial. La segunda es de impugnabilidad: los actos de mero trámite no son, en principio, recurribles de manera autónoma, y las objeciones se plantean en el descargo o contra el acto definitivo, salvo que causen un gravamen irreparable. La tercera es de forma: el decreto no precisa si la apertura se instrumenta por resolución, disposición o providencia, lo que depende del órgano que la dicte dentro de la Cancillería.

Los artículos 8 a 13 regulan la aplicación supletoria de las normas de procedimiento administrativo e introducen dos modificaciones que operan fuera del trámite sancionatorio:

RIGI. Se modifica el Decreto 749/2024: la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones exige ahora una declaración jurada del representante legal en la que conste que el vehículo de proyecto único y sus accionistas no incurren en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

Hidrocarburos. Se modifica el Decreto 1057: quienes soliciten permisos o concesiones bajo la Ley 17.319 deben presentar una declaración jurada equivalente, extensiva a los participantes directos e indirectos.

Estas dos modificaciones producen efectos con independencia de que un sumario concluya: operan como requisito de admisibilidad en trámites que nada tienen que ver con Malvinas.

Un efecto registrado antes de cualquier resolución

El 5 de septiembre, un día después de la apertura de los primeros sumarios, tres compañías globales de servicios petroleros emitieron comunicados desmarcándose del proyecto. SLB informó que «no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas»; Baker Hughes declaró que «no pretende participar» en esos procesos; Halliburton afirmó que «no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada». Ninguna de las tres integra la lista de sumariados.

Infobae, 05/09/2026 — «Tres grandes empresas globales de servicios y equipos petroleros comunicaron que no participarán en proyectos en Malvinas»

Lo que informó el Estado

El Comunicado Oficial N.º 158 de la Oficina del Presidente, del 4 de septiembre de 2026, informa que la Cancillería «ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas», por presunta infracción a la Ley 26.659. Alcanza a empresas que «se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas», a sus accionistas y a quienes les prestan servicios.

El comunicado no identifica por nombre a ninguna empresa ni persona. Tampoco se publicó nómina alguna en el Boletín Oficial ni en el sitio de la Cancillería.

Oficina del Presidente — Comunicado Oficial N.º 158, 04/09/2026

La conducta prohibida: artículo 2

La infracción está definida en el artículo 2 de la Ley 26.659, que prohíbe a toda persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que realice o esté autorizada a realizar actividades en la República Argentina, y a sus accionistas, tres conductas. Cada uno de los tres grupos de sumariados responde a uno de esos incisos.

La sanción que correspondería al concluir el procedimiento

Si la Cancillería dicta la resolución del artículo 6 del Decreto 868/2026 y tiene por acreditada la infracción, la Ley 26.659 encadena tres consecuencias, que operan en conjunto y no son graduables entre sí:

• Artículo 3 · inhabilitación de cinco a veinte años para desarrollar actividades en la República Argentina, «sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder». Las concesiones y permisos de los que el infractor fuera titular revierten al Estado.
• Artículo 4 · inscripción y caducidad de beneficios. La inhabilitación se inscribe en los registros nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y produce la caducidad de las exenciones y de los beneficios impositivos y previsionales de que gozara el infractor.
• Artículo 5 · prohibición de contratar con el Estado. Ni el Estado nacional, ni las provincias, ni los municipios pueden contratar con quien desarrolle actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación.

El plazo de inhabilitación es el único tramo con margen de graduación: entre cinco y veinte años. En las dieciséis resoluciones dictadas entre 2012 y 2022, la autoridad aplicó el máximo de veinte años en todos los casos salvo uno, el de Premier Oil, que recibió quince. Esos antecedentes se analizan en el punto 6.

De dónde surge la nómina

La lista de los cuarenta y cinco se conoce por La Nación, que el 4 de septiembre publicó que «accedió a la lista de nombres a los que la Casa Rosada les iniciará procesos sancionatorios». Ese mismo día y los siguientes la reprodujeron LM Neuquén, Perfil, Ámbito y Energía Online, con diferencias menores de agrupación y grafía. La versión que sigue coteja las de La Nación y LM Neuquén, que son las dos que publican los cuarenta y cinco numerados.

La composición resultante —32 personas jurídicas y 13 personas humanas— coincide con la cifra agregada de 40 entidades y 20 individuos sobre el total de sesenta que consigna Chequeado, una vez sumada la ampliación del punto 4.

La Nación, 04/09/2026 · LM Neuquén · Chequeado

Complejo Sea Lion — Cuenca Norte. Operado por Navitas Petroleum con el 65 % y Rockhopper Exploration con el 35 %. Es el único descubrimiento del archipiélago con decisión final de inversión tomada: se anunció el 10 de diciembre de 2025 y el cierre financiero se alcanzó el 22 de diciembre. La Fase 1 prevé unos 170 millones de barriles y un pico cercano a 50.000 barriles diarios, con primer petróleo proyectado para 2028.

Licencia PL001 — Cuenca Norte. Contigua al complejo Sea Lion, en el flanco norte. La titularidad es de JHI a través de JHI Falklands Inc.; Eco (Atlantic) Oil & Gas es su accionista. El 13 de enero de 2026 se anunció un memorando de entendimiento no vinculante por el cual Navitas Petroleum adquiriría el 65 % y la operación. El área nunca fue perforada.

Cuenca Sur. Borders & Southern conserva el 100 % y la operación de tres licencias sobre casi 10.000 km², a unos 150 km al sudeste de las islas y en profundidades de agua cercanas a los 2.000 metros. En 2012 perforó los pozos 61/17-1 —descubrimiento de gas-condensado Darwin— y 61/25-1 (Stebbing). El proyecto no tiene decisión de desarrollo.

Rockhopper — FID de Sea Lion, 10/12/2025 · Borders & Southern — Darwin · RNS — adquisición de PL001 por JHI, 25/09/2023

Lo que informó el Estado

El Comunicado Oficial N.º 161 de la Oficina del Presidente, del 8 de septiembre de 2026, informa el inicio de procedimientos contra quince sujetos adicionales a los cuarenta y cinco ya iniciados, «tanto a personas humanas como jurídicas involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental». Total: sesenta.

A diferencia de la primera tanda, el Estado no difundió ni siquiera una descripción por categorías. El comunicado no identifica a ninguno de los quince.

La base legal es la misma del primer grupo: la infracción al artículo 2 de la Ley 26.659, con la inhabilitación de cinco a veinte años del artículo 3 y sus efectos registrales y contractuales de los artículos 4 y 5. Por el perfil de los quince —directivos y representantes alcanzados a título personal— el inciso relevante es el 2, participación directa o indirecta, en concordancia con el encabezado del artículo, que extiende la prohibición a los accionistas de las entidades alcanzadas.

Oficina del Presidente — Comunicado Oficial N.º 161, 08/09/2026

De dónde surge la nómina

La Nación publicó los quince nombres el 9 de septiembre, consignando «acceso al registro oficial». El Economista publicó la misma nómina ese día. Las dos versiones coinciden; se corrigen aquí tres grafías que difieren entre ellas: Aberdeen Group plc (La Nación transcribe «Abeeeden»), David Williamson Dobson (transcribe «Williamsom») y Gadi Levin (transcribe «Gabi»).

La Nación, 09/09/2026 · El Economista, 09/09/2026

Bluewater: un proveedor común a Sea Lion y a Vaca Muerta

Bluewater Energy Services provee el buque de producción del proyecto Sea Lion y, simultáneamente, fabricó las dos monoboyas sobre las que se apoya el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, Río Negro, adquiridas por el consorcio encabezado por YPF en junio de 2025. La adjudicación del trabajo de ingeniería para el buque de Malvinas es de enero de 2025, anterior a esa compra. Consultada, YPF sostuvo que al momento de la contratación Bluewater no tenía relación con Sea Lion.

Infobae, 05/09/2026 · Urgente24, sobre la cronología de contratos

Lo que informó el Estado

El Comunicado Oficial N.º 160 de la Oficina del Presidente, del 7 de septiembre de 2026, anuncia que el Ministro de Relaciones Exteriores presentará una denuncia contra Navitas Petroleum y Eco (Atlantic) Oil & Gas por contar presuntamente con licencias otorgadas por el gobierno ilegítimo del Reino Unido para explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de la Ley 26.659.

Oficina del Presidente — Comunicado Oficial N.º 160, 07/09/2026

Quién promueve y bajo qué encuadre

Las tres denuncias por hidrocarburos las formula el canciller Pablo Quirno, en su condición de autoridad de aplicación de la Ley 26.659 según el Decreto 868/2026, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. La cuarta, sobre los vuelos, la formula el Administrador Nacional de Aviación Civil.

El 19 de septiembre el fiscal amplió la acusación y pidió exhortos al Reino Unido y a Israel para reconstruir la composición societaria de las empresas y sus vínculos comerciales.

La figura principal: artículo 7 de la Ley 26.659

Las tres denuncias por hidrocarburos encuadran los hechos en el artículo 7, incisos 1 y 2, de la Ley 26.659, según el texto de la Ley 26.915, que es el que introdujo en 2013 la vía penal. Son dos figuras distintas, con escalas distintas:

• Inciso 1 · exploración sin autorización: prisión de cinco a diez años, multa del equivalente a 20.000 a 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
• Inciso 2 · extracción, transporte o almacenamiento sin autorización: prisión de diez a quince años, multa del equivalente a 150.000 a 1.500.000 barriles e inhabilitación especial por el doble. Procede además el decomiso de los equipos y del hidrocarburo, y la caducidad de permisos y beneficios impositivos.

La misma ley distribuye la responsabilidad en dos niveles. El artículo 8 alcanza penalmente a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios y representantes de la persona jurídica que hubieran intervenido en el hecho. El artículo 9 prevé sanciones contra la persona jurídica misma: multa, suspensión de actividades por hasta diez años, exclusión de licitaciones públicas, cancelación de la personería y publicación de la sentencia. El artículo 10 fija la competencia de la Justicia Federal.

Los delitos conexos que se piden investigar

Los escritos no se agotan en la ley especial. Solicitan que se investigue también la eventual configuración de asociación ilícita —artículo 210 del Código Penal— y de lavado de activos —artículos 303 y 304—, además de los delitos previstos en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y en el Código Aduanero, Ley 22.415. La calificación es provisoria: la denuncia describe hechos y propone un encuadre; la imputación definitiva corresponde al Ministerio Público Fiscal y al juez.

La cuarta denuncia: materia aeronáutica

La denuncia por los dos vuelos no autorizados se encuadra en figuras distintas. La principal es el artículo 190 del Código Penal, que reprime con prisión de dos a ocho años a quien, a sabiendas, ejecute cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave. Se invoca además el artículo 223 del Código Aeronáutico —prisión de seis meses a dos años por atravesar clandestina o maliciosamente la frontera por lugares distintos de los establecidos, o desviarse de las rutas fijadas— y, de manera subsidiaria, el artículo 194 del Código Penal, que alcanza a quien entorpece el normal funcionamiento del transporte sin crear peligro común. El escrito pide por último determinar si las operaciones estaban vinculadas a actividades alcanzadas por los artículos 2 y 3 de la Ley 26.659.

Cadena Láser — causa 4492/2026 · Infobae, 08/09/2026 · A24, 15/09/2026 · Infobae/EFE, 10/09/2026

Qué es este expediente y qué no es

No es una tercera causa penal. Es una acción preventiva de daño ambiental colectivo, de naturaleza civil, fundada en la Ley General del Ambiente 25.675 y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, con invocación además de las Leyes 26.659, 26.915 y 23.775. No hay imputados ni fiscal instructor: hay demandados y una medida cautelar. Tampoco la promueve el Estado nacional, a diferencia de las dos causas penales.

Tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto. La promovieron, el 1 de septiembre de 2026, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), representado por Rodolfo Carrizo y Luis Aparicio, y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), representada por Enrique Viale, contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, las dos licenciatarias del proyecto Sea Lion, que también integran la nómina de los sesenta sujetos sumariados.

El hecho que sostiene la medida

La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental informó, en un dictamen del 24 de febrero de 2026, que «no se ha iniciado ningún aviso de proyecto ni han iniciado un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con las empresas mencionadas». La resolución no afirma que exista daño: afirma que la evaluación que debía preceder a las obras no se realizó.

No porque el perjuicio se encuentre demostrado, sino porque quien debía evaluarlo no lo hizo y pretende ejecutar la obra sin hacerlo. Es la hipótesis exacta del principio precautorio.Resolución del 16 de septiembre de 2026

El otro tramo citado de la resolución explica la urgencia: «Aguardar a la culminación de tales intervenciones para determinar si debieron ser sometidas previamente a evaluación ambiental podría tornar ineficaz la tutela judicial solicitada».

La carga de información a diez días hábiles

La cautelar impone además a ambas empresas presentar, bajo juramento y en el plazo de diez días hábiles judiciales, una declaración sobre el estado del proyecto, y preservar íntegramente la documentación técnica, ambiental y financiera. El detalle requerido excede lo ambiental:

• Cronograma de obra y de perforación
• Cantidad, ubicación y situación de los pozos
• Unidades flotantes y equipos de perforación contratados
• Contratistas y subcontratistas principales
• Entidades financieras, fondos y desembolsos comprometidos
• Aseguradoras y reaseguradoras
• Estudios ambientales, análisis de riesgo y planes de contingencia

El proyecto Sea Lion, según la descripción que de él hace la cobertura del expediente, contempla veintitrés pozos: dieciséis productores de petróleo, seis inyectores de agua y uno inyector de gas. Si la carga informativa se cumple, ese expediente contendrá en sede judicial la cadena de proveedores, aseguradores y financistas del proyecto, que hasta ahora sólo puede reconstruirse a partir de comunicaciones corporativas y registros regulatorios.

La Nación, 09/09/2026 · Infobae, 12/09/2026 · Infobae, 16/09/2026 · El Cronista, 16/09/2026 · Minuto Fueguino, 11/09/2026 · Ámbito, 16/09/2026 · Infobae, 17/09/2026

La causa de 2015, todavía abierta

Existe un antecedente penal directo que tramita por separado. El 21 de abril de 2015 el Ministerio Público Fiscal impulsó una investigación ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, caratulada «Falklands Oil and Gas Limited (FOGL) y otros», causa 5183/15, por el artículo 7 de la Ley 26.659 según el texto de la Ley 26.915. Intervinieron los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, de PROCELAC. Fueron denunciadas FOGL, Premier Oil, Rockhopper, Noble Energy Inc., Noble Energy Falkland Ltd. y Edison International, y como auxiliares Petroleum Geo-Services, Desire Petroleum, Neptune EHF y Ocean Rig. El 27 de junio de 2015 el juzgado dispuso un embargo de bienes por US$ 156.432.000 y ordenó el cese inmediato de la exploración. Desde entonces no se registran públicamente procesamientos ni condenas.

A diferencia de 2026, aquella denuncia fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal. Las dos causas penales actuales las promueve el Poder Ejecutivo, y la acción ambiental, organizaciones civiles.

Hay un dato de continuidad institucional verificable. La causa 5183/15 tramitó ante el mismo Juzgado Federal de Río Grande que hoy interviene en la acción ambiental. Lo instruyó la jueza Lilian Herráez de Andino, a quien Mariel Borruto reemplazó en ese juzgado en mayo de 2019: la magistrada que dictó la cautelar de 2026 es titular del mismo tribunal donde sigue radicado el expediente penal de 2015. Y Marcelo Rapoport, uno de los fiscales que lo impulsaron entonces, continúa a cargo de la sede fiscal descentralizada de esa ciudad, con intervención en la causa actual.

No se localizó, en cambio, ninguna información pública que indique que el expediente de 2015 haya sido reactivado en septiembre de 2026. La causa penal que efectivamente se inició ese mes contra una de aquellas empresas es la CFP 4492/2026, que tramita en Comodoro Py y no en Río Grande.

Ministerio Público Fiscal, 21/04/2015

Cómo funcionó el procedimiento sin decreto reglamentario

Sin norma que fijara el trámite, la Secretaría de Energía aplicó supletoriamente la Ley 19.549 y el Decreto 1759/72 y construyó una práctica en dos etapas. Primero una resolución que declaraba ilegales las actividades y clandestina a la empresa. Después, una vez firme esa declaración, una segunda resolución que aplicaba la inhabilitación del artículo 3. Entre una y otra transcurrió más de un año en todos los casos del ciclo 2012-2015.

Esa separación tuvo una consecuencia verificable: cuando cambió el gobierno en diciembre de 2015, tres expedientes —Noble Energy Falklands, Noble Energy Inc. y Edison International— habían llegado a la primera etapa y no a la segunda. Constan declaradas ilegales y clandestinas, pero no inhabilitadas. La Resolución 240/2022 resolvió las dos etapas en un mismo acto; el Decreto 868/2026 unifica el trámite de manera general.

Una continuidad societaria que atraviesa los dos ciclos

La Resolución 481/2013 inhabilitó a Premier Oil plc por quince años —única excepción al máximo de veinte en todo el conjunto—, con vigencia hasta 2028. El 31 de marzo de 2021, al fusionarse con Chrysaor, esa sociedad cambió su denominación a Harbour Energy plc. No se constituyó una persona jurídica nueva.

El 6 de septiembre de 2026 el diputado Maximiliano Ferraro pidió explicaciones al Ministerio de Economía y a la Cancillería porque Harbour Energy plc posee el 15 % de Southern Energy, beneficiaria de un proyecto RIGI de US$ 2.825 millones en Río Negro aprobado por Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía.

Comunicado de Premier Oil plc, 31/03/2021 · La Nación, 06/09/2026

Qué es nuevo y qué no

No es nuevo el uso de la Ley 26.659 para sancionar por Malvinas: se aplicó dieciséis veces antes. Tampoco lo es alcanzar a quien participa de manera indirecta: la Resolución 481/2013 sancionó a Premier Oil por un acuerdo de farm out, y las Resoluciones 859, 860 y 872 de 2015 alcanzaron a Noble Energy —filial y matriz— y a Edison International por la misma vía contractual.

Es nuevo el alcance subjetivo: el ciclo 2012-2022 se dirigió a diez operadoras y socias directas; la ofensiva de 2026 alcanza a sesenta sujetos, incluidos accionistas financieros, plataformas de inversión, proveedores de servicios, certificadores de reservas y directivos a título personal. Es nueva también la autoridad de aplicación, la existencia de un procedimiento reglado con plazos, la exigencia de declaraciones juradas en el RIGI y en el régimen de hidrocarburos, y el encuadre penal ampliado a delitos ambientales, aduaneros y de lavado de activos.

Identificación y estado

Mensaje N.º 275/2026 del Poder Ejecutivo, ingresado a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2026. El texto tiene 133 artículos organizados en ocho títulos: defensa de los recursos naturales; Sistema de Seguridad Nacional; protección de los espacios aéreo y marítimo y de las infraestructuras críticas; afectación a la seguridad nacional; modificaciones a la Ley de Defensa Nacional; influencia extranjera indebida; Registro RePET; y disposiciones transitorias. El 21 de septiembre fue girado a las comisiones de Defensa Nacional —cabecera—, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, con un cronograma que prevé plenario informativo el 30 de septiembre, firma de dictámenes el 6 de octubre y posible tratamiento en el recinto el 7.

El proyecto amplía el objeto de la Ley 26.659: pasa de los hidrocarburos a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, renovables o no renovables, en el mar territorial y la plataforma continental argentina, con alcance expreso a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La extensión a recursos renovables incorporaría actividades hoy fuera del universo de la ley de 2011.

Y la deroga. El artículo 40 dispone, en una sola línea: «Derógase la Ley N° 26.659».

Lo que codifica y lo que agrega

Codifica en el texto legal el alcance subjetivo que en septiembre de 2026 se construyó por vía interpretativa: los sesenta sumarios llegaron a accionistas y proveedores leyendo el encabezado y el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 26.659; el proyecto los nombra directamente.

Agrega un Régimen de Desistimiento y Regularización en los artículos 30 a 38. El infractor puede solicitar su incorporación en cualquier momento del procedimiento; debe acreditar el cese de las actividades, comprometerse a no reiterarlas y optar entre pagar una multa —de 8.000 a 400.000 barriles, según la infracción— o reconvertir inversiones. La incorporación suspende los sumarios, elimina provisoriamente al sujeto de los registros y, cumplidas las obligaciones, extingue la acción penal. Este mecanismo se conecta con lo documentado en el punto anterior sobre la continuidad Premier Oil–Harbour Energy y su participación en un proyecto RIGI.

Agrega también una arquitectura institucional que excede la materia sancionatoria. Los artículos 47 a 49 crean el Consejo de Seguridad Nacional como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y el titular de la Secretaría Legal y Técnica. El artículo 90 lo designa autoridad de aplicación del Título IV, y el artículo 97 lo habilita, ante una amenaza grave e inminente, a restringir operaciones financieras, suspender autorizaciones, bloquear activos y elevar aranceles hasta el 75 %.

El Título III regula el uso de la fuerza sobre aeronaves y buques de manera escalonada. El artículo 73, inciso h, admite el hundimiento sólo «en caso que la Inutilización no sea suficiente para hacer cesar la amenaza» y «como medida excepcional estrictamente militar»; el artículo 74 exige para ello «autorización expresa, previa e inequívoca del Presidente de la Nación», delegable en el ministro de Defensa. El mismo inciso h contiene una prohibición que conviene no omitir: «Queda prohibido ordenar o ejecutar el Hundimiento de un buque civil, incluso como medida de imposición de la ley, sanción, respuesta a una infracción o medio para impedir su fuga». El proyecto eleva además a rango legal el registro RePET de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento, y modifica la Ley 26.215 prohibiendo aportes de campaña de personas humanas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras.

Texto del proyecto — Mensaje N.º 275/2026, PDF · Río Negro, 17/09/2026 · Parlamentario, 17/09/2026 · MDZ, 17/09/2026 · Ámbito, 17/09/2026

Qué pasaría con los sesenta sumarios

El artículo 40 deroga la Ley 26.659. Los sesenta procedimientos abiertos entre el 4 y el 8 de septiembre se iniciaron bajo esa ley y bajo el Decreto 868/2026, que la reglamenta. El Título VIII del proyecto se denomina «Disposiciones transitorias», pero en la versión del texto a la que se accedió no se localizó ninguna cláusula que resuelva la situación de los procedimientos en trámite ni la de las inhabilitaciones administrativas vigentes —la de Harbour Energy plc corre hasta 2028 y la de Navitas Petroleum LP hasta 2042—. El PDF del mensaje que circuló el 17 de septiembre está truncado hacia el artículo 99, de modo que los últimos tres títulos no pudieron verificarse sobre el texto.

Es, junto con la designación diferida de la autoridad de aplicación del artículo 39, la cuestión más relevante que el proyecto deja abierta para quienes hoy están sumariados.

La objeción se planteó en el Congreso apenas ingresado el texto. El 18 de septiembre la diputada Bernarda Propato sostuvo que «no hay penas más duras ni multas más caras porque hay un capítulo que es una puerta giratoria para eludir las sanciones», y el diputado Maximiliano Ferraro planteó la hipótesis de una autoamnistía, con referencia expresa a Harbour Energy plc y a la vigencia de la inhabilitación dispuesta en 2013. Son objeciones políticas sobre un texto en trámite, no una interpretación del articulado.

La prórroga de las licencias y la protesta argentina

El 21 de septiembre el gobierno de las islas prorrogó por cinco años todas las licencias de producción offshore, con dos años adicionales opcionales, y aprobó la adquisición por Navitas Petroleum Atlantic del 65 % de la licencia PL001, en la que JHI Associates conserva el 35 %. La licencia PL001 vencía el 31 de diciembre de 2026.

El 22 de septiembre la Cancillería protestó formalmente ante la Embajada británica por esa prórroga y por la operación sobre PL001, invocando de manera expresa las Leyes 26.659 y 26.915 y el Decreto 868/2026, y advirtiendo sobre las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables.

El arbitraje bajo la Convención del Mar

El 28 de septiembre el Poder Ejecutivo anunció el inicio de un procedimiento arbitral contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con un plazo de dos semanas para que cesen las actividades del proyecto Sea Lion. Vencido ese plazo, la Argentina solicitaría medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El canciller lo describió al día siguiente como la primera vez que el país somete a un tribunal internacional la cuestión de la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Es un cambio de foro, no de encuadre: el fundamento sigue siendo el ejercicio de derechos soberanos sobre la plataforma continental. Conviene registrar, sin embargo, que en dos precedentes bajo la misma Convención —Mauricio contra el Reino Unido, por el archipiélago de Chagos, en 2015, y Ucrania contra Rusia, por Crimea, en 2020— los tribunales arbitrales declinaron pronunciarse sobre controversias de soberanía territorial subyacentes.